La historia que no pasa: Argentina, cincuenta años después del golpe

Silvina Pérez – Ciudad del Vaticano

El 24 de marzo de 1976 es una fecha que en Argentina nunca llega a convertirse del todo en pasado.

No queda confinada en los manuales de historia. Reaparece en el espacio público, en los libros, en el cine, en los tribunales, en las universidades, en las plazas. Cambia el lenguaje con que se la evoca, cambia la distancia generacional, cambian las prioridades políticas. Pero siempre regresa.

A cincuenta años del golpe de Estado que inauguró la dictadura militar, la cuestión ya no se limita a lo ocurrido entre 1976 y 1983. Se refiere, sobre todo, a cómo Argentina ha ido construyendo, década tras década, el relato de aquella historia.

Ese relato no nació de una sola vez. Se fue sedimentando por capas sucesivas, primero la verdad, después la justicia, y más tarde una memoria colectiva que sigue siendo discutida, disputada, reelaborada.

Con el retorno de la democracia, en 1983, la nueva etapa política se inicia con una prioridad muy clara: saber qué había sucedido. Antes incluso de reconstruir la normalidad institucional, era necesario poner nombre a la oscuridad dejada por el régimen.

No puede haber reconciliación sin verdad

Por eso se crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. No es solo un organismo de investigación. Es el primer intento del Estado democrático de convertir testimonios dispersos, sospechas, fragmentos de verdad y dolor privado en una verdad pública.

La comisión recoge centenares de historias, documenta los centros clandestinos de detención, reconstruye el sistema de desapariciones forzadas. Su informe final, Nunca Más, se convierte en el primer gran acto público de acusación contra el terrorismo de Estado. Pero, sobre todo, establece un principio destinado a marcar la democracia argentina, no puede haber reconciliación sin verdad.

Y, sin embargo, la verdad por sí sola no basta.

El juicio a las juntas militares

En 1985 Argentina da un paso aún más radical, inicia el juicio a las juntas militares. Los comandantes de la dictadura se sientan ante los jueces de una democracia recién nacida. Es un hecho casi sin precedentes en la historia contemporánea, pocos países han juzgado a los responsables de su propio régimen represivo tan pronto, y con tanta exposición pública, tras su caída.

Entre los jóvenes magistrados que participan en aquel proceso se encuentra Luis Moreno Ocampo, quien años más tarde se convertiría en el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. La experiencia argentina demostraría, también más allá de sus fronteras, que incluso los crímenes cometidos por el Estado pueden sustraerse a la impunidad y volver al perímetro de la ley.
Para una democracia frágil, aquella decisión resulta decisiva. La justicia no es solo una respuesta al pasado: es una condición de solidez para el presente democrático.

Junto a este recorrido institucional se desarrolla, al mismo tiempo, otro nivel del relato.

La Iglesia y el grito de las Madres

También la Iglesia argentina, a lo largo de los años, atraviesa su propio proceso de reflexión sobre la dictadura, tratando de esclarecer responsabilidades, ambigüedades y gestos de protección que marcaron aquel periodo. No de forma lineal ni unívoca, sino como parte de un debate nacional más amplio en torno a la verdad.

En la sociedad civil, mientras tanto, algunas mujeres habían comenzado a caminar cada semana alrededor de la Plaza de Mayo. Buscaban a sus hijos desaparecidos. Con el tiempo serían conocidas como las Madres de Plaza de Mayo.
Su pregunta ¿dónde están nuestros hijos? introduce en el léxico político argentino una palabra destinada a marcar una época, los desaparecidos. No muertos reconocidos, no prisioneros registrados, sino personas borradas por el Estado.

En torno a esa pregunta crece lentamente una red de asociaciones, abogados, periodistas, sacerdotes y militantes de los derechos humanos. Un entramado cívico que sobrevive a la dictadura y acompaña durante años la labor de la justicia, impidiendo que el pasado quede archivado como un paréntesis cerrado.

La cultura como lugar de elaboración

Paralelamente, la cultura también elabora esa historia. No llega después, como simple comentario. Acompaña los procesos institucionales, los traduce, los sintetiza, los hace inteligibles. Cine, literatura y periodismo se convierten en el lugar donde el país intenta no solo contar la dictadura, sino comprenderla, transmitirla, hacerla pensable para quienes no la vivieron.

En 1985, la película La historia oficial, de Luis Puenzo, lleva al interior de la clase media argentina una de las heridas más profundas del régimen: los niños sustraídos a los desaparecidos y entregados a otras familias. Es una historia privada, casi doméstica. Pero detrás de esa trama familiar hay un país que empieza a reconocer su propio trauma. El Oscar a la mejor película extranjera, al año siguiente, proyecta ese relato más allá de Argentina y lo instala en el imaginario internacional.

Una “nueva fase”

En los años noventa, el registro cambia. La política busca una vía hacia la normalidad. Los indultos concedidos a militares y guerrilleros intentan cerrar el conflicto con el pasado. El país mira hacia adelante: estabilización económica, apertura internacional, modernización.

La dictadura no desaparece del relato nacional, pero retrocede. La memoria permanece viva en las universidades, en las organizaciones de derechos humanos, en la cultura. La política, en cambio, prefiere hablar de futuro.

Pero en Argentina el pasado rara vez permanece en los márgenes durante mucho tiempo.

A comienzos de los años dos mil vuelve al centro de la escena pública. Se reabren los procesos, se anulan las leyes de amnistía, los lugares de la represión se transforman en espacios de memoria. El antiguo centro clandestino de detención de la ESMA se convierte en símbolo de esta nueva fase: ya no un lugar de ocultamiento, sino un espacio de exposición pública del trauma.

También la cultura acompaña esta reemergencia. En 2022, la película Argentina, 1985, presentada en la Mostra de Venecia, devuelve a la pantalla el juicio a las juntas y el trabajo de los magistrados que lo hicieron posible. No es solo una reconstrucción histórica. Es el relato de una democracia que decide fundarse no en el olvido, sino en el juicio.

Un trauma que no se atenúa

Si se observa esta trayectoria con cierta distancia, emerge una singularidad argentina.

En muchos países, el tiempo atenúa los traumas históricos. Las dictaduras se deslizan lentamente hacia la periferia de la memoria pública. En Argentina ocurre a menudo lo contrario: cuanto más pasan los años, más ese pasado regresa al centro de la conversación nacional.

La politóloga Claudia Hilb condensó esta paradoja en el título de uno de sus libros, ¿Por qué no pasan los 70?

Quizá porque la democracia argentina no nació solo de las urnas. Nació también de un proceso más largo y exigente: esclarecer la verdad, juzgar a los responsables, construir una memoria pública, someter al debate colectivo incluso las zonas grises de una sociedad que atravesó aquellos años.

Por eso, a cincuenta años del golpe, la dictadura no pertenece todavía solo al pasado.
Pertenece al modo en que Argentina sigue interrogándose a sí misma.