Proceso sobre fondos de la Santa Sede: defensas reclaman nulidad

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Tras 120 días de pausa, se reabrió el proceso de apelación sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede. Esta mañana se celebró la quinta audiencia, que se prolongó por más de cuatro horas en el aula del Tribunal Vaticano, presidida por monseñor Alejandro Arellano Cedillo, dedicada íntegramente a los alegatos de los abogados defensores y a las memorias presentadas en noviembre de 2025.

Los siete defensores se centraron en la supuesta “ineficacia” de los cuatro rescriptos del Papa Francisco, que ampliaron los poderes del Promotor de Justicia al inicio y durante la investigación. Algunos hablaron de una “grave lesión al debido proceso”, mientras otros compararon los hechos con la Inquisición para subrayar que ni siquiera entonces los actos papales habían ‘orientado’ un procedimiento judicial.

En particular, el abogado Mario Zanchetti, defensor del corredor Gianluigi Torzi, afirmó durante una exposición de hora y media que la detención de su cliente en el Vaticano el 5 de junio de 2020 fue “ilegal”, ya que se basó en un rescripto desconocido por la defensa, fechado el 2 de julio de 2019. Zanchetti llegó a afirmar que este acto “convierte el Código de Procedimiento Penal vaticano en fascista”.

Los rescriptos 

Según Zanchetti, el Santo Padre contaba con información limitada: “En el momento en que el Papa autoriza al Promotor de Justicia a actuar, los delitos ni siquiera estaban formulados”. Además, el 2 de julio, cuando el Pontífice recibió al Promotor de Justicia y se emitió el primer rescripto, la cuestión era la relación entre el IOR y la Secretaría de Estado. “Con el fin de mantener la confidencialidad se otorgó al Promotor de Justicia el poder de proceder y aplicar medidas cautelares”, explicó. Sin embargo, uno de los resultados fue la detención de Torzi "tras ocho horas de interrogatorio" y "basándose en un mandato de 27 páginas redactado previamente".

Zanchetti cuestionó si estos rescriptos son “actos administrativos o normas jurídicas”: “Los derechos solo pueden ser vulnerados mediante disposiciones legales. Y si son leyes, deben ser publicadas… no puede llamarse ley algo que no se ha publicado. Si son actos administrativos, en cambio, esta Corte de apelación debería declarar su ineficacia en este proceso”. Sugirió además que, si persiste la duda, “se podría pedir al Sumo Pontífie que permita a la Corte interpretar las consecuencias del rescripto, eventualmente declararlo ineficaz y anular el procedimiento de primera instancia”.

Leyes no publicadas

Esta última solicitud fue reiterada por todos los abogados presentes posteriormente. En primer lugar, Luigi Panella, defensor de Enrico Crasso, comenzó diciendo: “El Santo Padre nunca tuvo la intención de promulgar una norma excluyendo su publicación; no está escrito, por lo tanto debía ser publicada”. Panella habló de un “surrealista cheque en blanco” otorgado al Promotor de Justicia: “Es inaudito lo sucedido; nunca en la historia milenaria de la Iglesia se habían emitido rescriptos que permanecieran secretos y fueran conocidos únicamente por el Promotor de Justicia que los había solicitado solo de manera oral”. Para Panella, se trata de “elementos que constituyen una grave violación del debido proceso”.

El abogado abordó además otro tema: la falta de depósito de la totalidad de los documentos por parte del Promotor Alessandro Diddi, junto con la omisión de ciertos materiales, como el video del interrogatorio de monseñor Alberto Perlasca, ex responsable de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, uno de los testigos destacados del proceso anterior. Diddi —quien el 12 de enero presentó su declaración de abstención del segundo grado (la acusación quedó entonces a cargo del Promotor adjunto, Roberto Zannotti)— realizó una selección parcial de los documentos a presentar, a pesar de que las órdenes del Tribunal de primera instancia requerían la entrega completa de todos los expedientes y de las copias forenses.

Violación de la igualdad de trato

Según los defensores, el propio Diddi “confesó” no haber presentado en la Cancillería todo el material que había sido adquirido. Esto habría provocado una violación de la “igualdad de trato de todos los imputados” y de la “normativa sobre la imparcialidad de los magistrados”, lo que, según ellos, anularía “de origen” el proceso más largo y complejo jamás celebrado entre los muros leoninos.

“Desde el primer momento —subrayó Fabio Viglione, abogado del cardenal Giovanni Angelo Becciu— hemos enfrentado un desequilibrio, una falta de simetría entre lo que conocía la acusación y las dificultades encontradas por las defensas”. De los 239 dispositivos incautados, “no se depositó ninguna copia; de los 16 presentados, ninguna podía considerarse copia forense; la extracción se realizó de manera selectiva”, agregó Viglione, citando las “criticidades” señaladas por un perito informático al que se habían dirigido las defensas.

El “caso Striano”

Durante el debate surgió en varias ocasiones el nombre de Pasquale Striano, ex lugarteniente de la Guardia de Finanzas, conocido en los medios por la investigación de la Fiscalía de Perugia sobre el llamado “caso dossieraggio”. Se trata de más de 40.000 accesos ilegales a bases de datos institucionales para recopilar información confidencial sobre políticos, empresarios y figuras públicas.

“Con gran sorpresa —dijo el abogado Cataldo Intrieri, defensor del ex funcionario de la Secretaría de Estado Fabrizio Tirabassi— descubrimos que entre las cientos de partes afectadas estaban todos los protagonistas del proceso, pero también los secundarios”.

“Striano no respondió al interrogatorio y no indicó quién le solicitó los accesos”, subrayó Intrieri. “En los documentos se mencionan contactos entre él y miembros de la Gendarmería”. La lógica, agregó, sugiere que, dado que los accesos se solicitaron no solo para los imputados sino también para los secundarios, “solo podía ser alguien con conocimiento de esta situación”. Cabe destacar que dichos accesos datan de mayo de 2019, mucho antes de la denuncia del IOR que dio inicio a las investigaciones, la inspección de las oficinas de la Secretaría de Estado y, finalmente, dos años después, al procesamiento judicial.

“Es una prueba más de la nulidad radical de este procedimiento”, afirmó otro defensor de Tirabassi, Massimo Bassi. Por ello, los abogados solicitaron que la Corte de apelación vaticana requiera a la Fiscalía de Roma la adquisición de los documentos del proceso Striano.

Las audiencias continuarán mañana por la mañana.