La Iglesia pide una reforma agraria con justicia y rostro humano
Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano
En el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias se inauguró la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de Colombia. El encuentro reúne a delegaciones de más de cien países y cerca de 1.500 participantes, con el objetivo de examinar los desafíos que, dos décadas después de la conferencia celebrada en Porto Alegre en 2006, continúan marcando la realidad del mundo rural.
La ICARRD se consolida como un foro multilateral orientado a promover los derechos sobre la tierra, la justicia rural y el desarrollo sostenible. La primera edición contribuyó a definir compromisos internacionales en materia de acceso equitativo a la tierra, seguridad alimentaria y desarrollo rural inclusivo. Veinte años después, la ICARRD+20, que se celebra del 24 al 28 de febrero de 2026, busca renovar el diálogo y las acciones frente a desafíos como la gobernanza equitativa de la tierra, la resiliencia climática y la formulación de políticas inclusivas para las comunidades rurales.
El evento convoca a gobiernos, organismos internacionales, propietarios de tierras, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pastores, mujeres y jóvenes rurales, así como a académicos, representantes de la sociedad civil y actores del desarrollo. Entre las prioridades figuran el acceso justo a la tierra, el fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala, la promoción de oportunidades económicas en territorios afectados por desigualdades históricas y presiones ambientales, y la consolidación de modelos de desarrollo sostenibles.
La participación de la Iglesia en ICARRD+20
En este contexto, la Iglesia católica participa con una delegación encabezada por monseñor Paolo Rudelli, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Junto a él intervienen referentes pastorales de América Latina y África, entre ellos monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, y el reverendo Uchechukwu Obodoechina, de Ghana.
La presencia eclesial no se limita al plano diplomático. Organismos como el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), el Secretariado Nacional de Pastoral Social (Cáritas Colombiana), el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC) y la red CIDSE participan en paneles sobre gobernanza territorial, agroecología y seguridad alimentaria. Su enfoque integra la doctrina social de la Iglesia con propuestas de política pública orientadas a la protección de quienes trabajan la tierra y al cuidado de la creación.
Entre los puntos destacados por la delegación figuran la necesidad de avanzar en reformas integrales que incluyan: acceso al crédito y asistencia técnica para pequeños productores; infraestructura adecuada y acceso a mercados locales; protección social ante riesgos climáticos y desastres naturales; reconocimiento jurídico de formas colectivas de tenencia de la tierra; y generación de oportunidades para que los jóvenes permanezcan y prosperen en el ámbito rural.
En el caso colombiano, el vínculo entre tierra y conflicto armado ocupa un lugar central. La Iglesia insiste en que las políticas rurales deben evitar nuevas formas de despojo, garantizar la reparación efectiva de las víctimas y promover procesos de restitución y titulación que contribuyan a la paz.
Otros aportes de la delegación incluyen el fortalecimiento de procesos de gestión ambiental y económica; iniciativas que concilian la producción local con el cuidado de la Casa Común y el reconocimiento de las historias y el arraigo de quienes viven en zonas de especial interés ambiental. La participación conjunta de delegados de tres continentes busca consolidar redes de colaboración que permitan escalar proyectos locales, como bancos de semillas y protección del entorno natural, siempre desde una clave de escucha sinodal y servicio a las comunidades más alejadas.
Desarrollo sostenible y transición energética
La transición energética plantea nuevos desafíos sobre el uso del suelo. La delegación eclesial sostiene que los proyectos vinculados a energías renovables o biocombustibles deben implementarse sin reproducir exclusiones históricas, reconociendo a campesinos y comunidades como actores fundamentales del desarrollo y custodios del territorio.
La Iglesia comparte en las mesas de diálogo experiencias sobre gobernanza territorial resiliente, destacando que la gestión de la tierra debe ir de la mano con la adaptación climática y la agroecología para ser verdaderamente sostenible.
Con una mirada hacia regiones como la Amazonía, la Iglesia aporta herramientas desarrolladas por comunidades campesinas y afrodescendientes para la administración de sus territorios, incluyendo el fortalecimiento de procesos de gestión ambiental y económica; la producción local sostenible vinculada al cuidado de la naturaleza; y el reconocimiento del arraigo y la memoria histórica de quienes habitan zonas de especial interés ambiental.
Dimensión pastoral: tierra y paz
Para la Iglesia, la dimensión pastoral es inseparable de la realidad que viven los territorios. Su participación busca poner de relieve que la paz territorial, la seguridad alimentaria y la justicia social se construyen desde la realidad concreta de la tierra, fortaleciendo la escucha activa de quienes defienden el territorio.
Gobernanza y sostenibilidad desde el territorio
Como antesala de la conferencia, en la Catedral Santa Catalina de Alejandría se celebró una Eucaristía presidida por monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. La ceremonia contó con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y otros actores sociales. La misa buscó preparar un espacio de diálogo en espíritu sinodal, enfatizando que la gobernanza de la tierra no puede diseñarse a puertas cerradas, sino desde la escucha activa y la participación de las comunidades rurales.
La ICARRD+20 se perfila así como un espacio donde convergen política, ciencia y pastoral, en un diálogo que pretende garantizar justicia, sostenibilidad y desarrollo inclusivo para el mundo rural, conectando experiencias locales con estrategias globales para un futuro equitativo y resiliente.
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