En Colombia, «la paz no se compra con una firma»

Augustine Asta - Ciudad del Vaticano

En Colombia, país que el Papa Francisco visitó del 6 al 11 de septiembre de 2017, en su 20º viaje apostólico, un año después del acuerdo de paz alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, el presidente elegido en junio, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo este 7 de agosto, en un contexto de deterioro de la seguridad en el país. Los territorios remotos se ven inmersos en una nueva espiral de violencia. Sin embargo, después de décadas de violencia que provocaron cientos de miles de muertos y millones de desplazados, el 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente un histórico acuerdo de paz. Rechazado inicialmente mediante referéndum, una versión revisada del acuerdo fue firmada posteriormente el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, poniendo fin a 50 años de conflicto armado.

Una década después, las víctimas del conflicto armado siguen buscando verdad y justicia. El martes 5 de agosto, 27 antiguos guerrilleros de las FARC fueron procesados por el tribunal de paz por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual. La reconciliación nacional pasará ante todo por la justicia, afirma en una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Para él, la verdad, la justicia y la reparación son indispensables para una paz duradera. Monseñor Henao considera, además, que las prioridades del país deben ser la protección de las poblaciones más vulnerables, el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones marginadas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas y la promoción del diálogo. La Iglesia, afirma, continúa desempeñando su papel de mediación, acompañamiento de las víctimas y promoción de la reconciliación en un contexto marcado por una fuerte polarización política.

En 2016, el acuerdo de paz con las FARC había suscitado una inmensa esperanza... Diez años después, ¿qué balance se puede hacer?

Es un balance necesariamente matizado. Por un lado, el acuerdo de 2016 salvó miles de vidas, permitió la desmovilización de los mayores grupos armados del país y sentó unas bases institucionales inéditas para la verdad y la justicia transicional. Por otro lado, el retraso en la aplicación integral de las reformas rurales y la lentitud de la presencia social del Estado en las regiones periféricas han dejado un vacío dramático que rápidamente ha sido ocupado por otros factores de violencia. La paz no se compra con una firma. Es un proceso exigente que requiere una perseverancia política y social continua.

En varias regiones del país, la violencia ha vuelto. ¿Cómo explica que la paz alcanzada con las FARC no haya permitido poner fin al conflicto armado?

En estos momentos, aquí en Colombia, la situación es crítica a causa del narcotráfico. Y esto constituye una de las causas estructurales que alimentan los conflictos, en particular el narcotráfico, la explotación minera ilegal y la ausencia de alternativas económicas sostenibles para los campesinos. La desmovilización de las FARC abrió un espacio que el Estado no ocupó plena y rápidamente en el plano civil y social. Por ello, grupos disidentes, facciones criminales y otras guerrillas proliferaron para controlar esta economía, tanto lícita como ilícita, y este territorio estratégico. Ahora la población civil se encuentra en estas regiones, en situaciones a veces críticas debido a la proliferación de grupos armados por todo el país.

¿Por qué los dos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, siguen enfrentándose hoy?

Los enfrentamientos se explican principalmente por la lucha por el control territorial, las rutas del narcotráfico y el poder coercitivo sobre la población rural.

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procesó a 27 antiguos responsables de las FARC por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual. Diez años después del acuerdo de paz, ¿qué significa esta decisión para las víctimas y para la sociedad colombiana?

En cuanto a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, es un paso crucial para la dignidad de las víctimas. Reconocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la violencia sexual es una condición indispensable para la sanación moral de los países. Para la sociedad colombiana, esto recuerda que la paz no puede basarse en la impunidad, sino en la centralidad de las víctimas, el reconocimiento del sufrimiento padecido y el rechazo absoluto a la repetición de los horrores que vivimos en el pasado.

Precisamente, ¿cómo conciliar hoy las exigencias de justicia, verdad y reparación con la necesidad de continuar un proceso de paz en un país donde persiste la violencia?

Ese es precisamente el núcleo de la justicia transicional. La verdadera paz y la justicia no se oponen, sino que se complementan. Aquí tenemos un proceso para recuperar la verdad sobre lo ocurrido durante los conflictos armados. Tenemos mucha información. También tenemos muchos testigos que proceden de los territorios y de las regiones más alejadas de Colombia. Una paz sin verdad ni justicia es frágil y efímera. Se trata de mantener una firme exigencia ética frente a los crímenes cometidos, al mismo tiempo que se mantiene abierta la puerta de la mediación humanitaria para salvar vidas humanas. Las víctimas deben seguir siendo la brújula de cualquier iniciativa. El derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia restaurativa debe guiar cada decisión política y cada negociación sobre el futuro de Colombia.

¿Cuáles serían, en su opinión, las prioridades absolutas para evitar un regreso a la guerra?

Para evitar un retroceso, las prioridades absolutas son numerosas. Hay que proteger prioritariamente la vida y poner fin de inmediato a los abusos contra la población civil. Garantizar la presencia social integral del Estado en las regiones marginadas es fundamental para encontrar el camino hacia una solución duradera. Pero también hay que cumplir los compromisos asumidos con las víctimas y las comunidades rurales. Hay que promover la cultura del diálogo como única vía legítima para la resolución de los conflictos.

El presidente elegido en junio, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo este 7 de agosto, en un contexto de deterioro de la seguridad en el país. ¿Cuáles son precisamente los principales desafíos que le esperan en materia de seguridad y reconciliación nacional?

Creo que el primer desafío será garantizar la seguridad integral de las comunidades más vulnerables. Se trata, en particular, de las comunidades más alejadas, que se encuentran en territorios muy marginados. Por tanto, garantizar allí la seguridad es muy importante. También hay que garantizar la seguridad de los líderes sociales, que siguen pagando un precio muy alto. Muchos han sido asesinados. Sin embargo, la seguridad no puede ser únicamente militar. Exige el retorno del Estado a través de la educación, la salud, las infraestructuras y las oportunidades económicas. El segundo desafío, igualmente vital, es la reconciliación. Gobernar para todos los colombianos. Reducir la brecha entre los grandes centros urbanos y la Colombia rural. Reconstruir un clima de confianza institucional para sanar las heridas de la nación.

Y, para terminar, más allá del papel desempeñado por la Iglesia católica para lograr la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ¿qué papel sigue desempeñando hoy la Iglesia para alcanzar la paz en los territorios más afectados por la violencia?

La Iglesia permanece al lado de las poblaciones rurales. Seguimos presentes, incluso allí donde no está presente ninguna otra institución. Tenemos un papel de acompañamiento pastoral y humanitario de las víctimas. Un papel de mediación local para facilitar corredores humanitarios y preservar vidas. Un papel de conciencia moral que recuerda constantemente los valores sagrados de la vida humana. La Iglesia continúa tejiendo la reconciliación a nivel local, fomentando el perdón, la solidaridad y la defensa de los derechos fundamentales de cada comunidad.

El mensaje de reconciliación y paz que la Iglesia colombiana lleva por todo el país ha sido muy bien recibido por la población. Por ejemplo, tuvimos la visita del Papa Francisco a Colombia. Nos habló mucho de sanación, de heridas y de reconstrucción. Y creo que eso sigue siendo la razón de nuestra presencia social.

Por otro lado, está la evangelización. Para nosotros, es muy importante hablar de la cultura del diálogo y también del encuentro, animar a todos, especialmente a los líderes políticos y sociales, a seguir trabajando y comprometiéndose firmemente con la reconciliación. Porque aquí, en Colombia, vivimos una situación de polarización muy radical, muy difícil. Por eso, la Iglesia seguirá construyendo la confianza en las instituciones, entre los ciudadanos y entre las personas que viven en las distintas regiones; esto es muy importante.

«La Iglesia hace un firme llamamiento a la serenidad, al respeto de las reglas democráticas y al diálogo constructivo. Que el Señor acompañe a Colombia para encontrar el camino de la reconciliación y la paz».